"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Crónica
Presentación del informe 'Derechos Humanos y Discapacidad. España 2021'
Avances esenciales y derechos sin cumplir, un año más
03/05/2022
Blanca Abella
El avance en derechos es evidente para el sector de la discapacidad, pero sigue siendo insuficiente, tal y como refleja el Informe España de Derechos Humanos y Discapacidad 2021 que elabora el CERMI cada año. Las principales vulneraciones se centran en el acceso universal, que implica una quiebra en el acceso a los derechos, a todos ellos. Además, quedan registrados avances importantes y, como cada año, se hace referencia a las propuestas aportadas por el CERMI para lograr esa inclusión que recoge la Convención de la ONU sobre Discapacidad. Entre las propuestas, siempre consta la importancia de contar con las voces de las personas que viven día a día la discapacidad.
Su decidida voz se escuchó en la presentación del informe ‘Derechos Humanos y Discapacidad. España 2021’, que tuvo lugar este 3 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El encuentro estuvo moderado por José Manuel González Huesa, director general de Servimedia y de cermi.es semanal, y contó también con la participación de Gregorio Saravia, delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU, y José Javier Verdasco, delegado en Madrid de la Fundación “la Caixa”.
Las cuestiones más gravosas y los avances
Este trabajo en forma de libro que el CERMI confecciona desde hace diez años “es una responsabilidad que asumimos con enorme satisfacción y esfuerzo”, expresaba Gregorio Saravia, que destacaba del informe, “en primer lugar, algo que ha quedado pendiente en 2021 para el movimiento de la discapacidad, que es la reforma del artículo 49 de la Constitución, un tema central en nuestra agenda”. Si bien, mostraba optimismo tras algunas informaciones recientes sobre el apoyo de partidos políticos. En este mismo lado de la balanza, preocupan también al CERMI las cuestiones pendientes que tienen que ver con la salud mental: “Hemos trabajado con Salud Mental España para llevar adelante labores de incidencia y divulgación para que haya un conocimiento mayor sobre las personas con discapacidad psicosocial, porque atraviesen déficits en la atención comunitaria que afectan a personas de muy diferentes edades”.
Sin embargo, también el pasado año se produjeron avances importantes, de ahí que se recuerde un hito que tiene gran trascendencia para el sector de la discapacidad: “2021 queda en la historia del movimiento de la discapacidad como el momento en el que las personas con discapacidad lograron una ley tan importante como es la ley de la reforma civil y procesal, que brinda el apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica; ha habido más de una década de lucha y reivindicaciones para llegar a esta reforma, que tiene que ver con el art 12 de la Convención de la ONU”, afirmaba Saravia.
Finalmente, advierte de que “el CERMI no solo se dedica a denunciar y demandar, también ofrece propuestas de mejora, siempre muy bien articuladas desde el punto de vista técnico y muy estudiadas con comisiones de trabajo que se dedican a ello”. Explica que la mayor parte de las propuestas de mejora se concentran en las obligaciones generales del Estado en materia de discapacidad, sobre el artículo 4 de la Convención de la ONU, además, “hemos hecho un número importante de propuestas de mejora en todo lo que tiene que ver con el artículo 9, sobre accesibilidad, dada la cantidad de déficits que hay todavía en relación con este derecho; así como en el ámbito del trabajo y el empleo de las personas con discapacidad”.
El objetivo del informe 2021, que ha contado con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y con la Fundación La Caixa, es analizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en España de acuerdo con las recomendaciones de la Convención de Naciones Unidas. Aunque los resultados del mismo son similares a otros años, se detecta un leve ascenso en las aportaciones que llegan desde las propias personas con discapacidad. En total, han quedado registradas 263 denuncias, que suponen el 63% de los datos; el 19% de los datos corresponden a avances, y el 18% a propuestas de mejora.
Interseccionalidad y presencia
Afirma que queda mucho camino por recorrer “pero la parte fundamental del Comité de derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas tiene que ser la incorporación y presencia de personas con discapacidad, porque somos nosotras las que tenemos que vivir con la discapacidad en el día a día y se nos tiene que dar cabida en este comité para poder reivindicar y luchar por nuestros derechos, nuestro día a día”.
El capítulo 4 del informe está dedicado a los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, vinculado con el artículo 6 de la Convención de la ONU, y ha sido elaborado por la Fundación CERMI Mujeres (FCM). Sobre este capítulo, Paredero afirma que “para entender a todas las mujeres y niñas con discapacidad hay que entender lo que supone la interseccionalidad; cada persona, cada mujer, cada niña es diferente; y hay que tener una perspectiva de género aplicada a las diferentes discapacidades, poner el foco en cada una, porque tratamos con personas”.
Asegura que es “muy necesario denunciar y visibilizar el abuso y la doble vulneración que sufrimos por el hecho de ser mujeres y tener discapacidad” y reclama “protocolos específicos de intermediación laboral, un acceso correcto a la educación y la salud, temas en las que somos constantemente vulneradas, pero sobre todo tiene que haber un plan para erradicar por completo cualquier maltrato o abuso por razón de género y discapacidad”. Finalmente, enfatiza su discurso al hablar de las esterilizaciones forzosas, asegurando que “si no recibimos una correcta visibilización ni se nos dan las herramientas para denunciar los abusos que hemos sufrido, estaríamos perpetuando ese abuso”.
En cuanto a la labor de la fundación a la que representa, asegura que hay dos ámbitos en los que están incidiendo más, “porque son los que mayor efecto transformador tienen en las personas, como son la educación y el acceso al empleo; dos de los factores en los que queremos ser un referente y desarrollar programas que tengan ese efecto transformador”. En ese sentido, afirma que “el pasado año tuvimos un 12% más de oportunidades de empleo para las personas con discapacidad que antes de la pandemia; el esfuerzo de todos nos ha permitido crecer”.
Como avance para el informe que se publicará el año que viene, surge la cuestión de la guerra en Ucrania, que desde luego tendrá su reflejo por lo que supone para el sector de la discapacidad. Según Gregorio Saravia, “la guerra es sinónimo de destrucción, de vidas truncadas y derechos vulnerados y las personas con discapacidad se llevan una de las peores partes”. A juicio de Cristina Paredero, “cualquier tipo de guerra acentúa esa vulnerabilidad ya existente en la discapacidad y se necesita mucho coraje y ayuda humanitaria para solventar este problema”.
